Propone Plasida Calzada transparencia y rendición de cuentas a concesiones

Guanajuato, 5 de noviembre de 2026.- La diputada de Morena, Plasida Calzada, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato y a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, con el objetivo de establecer límites temporales para que el Poder Ejecutivo estatal y los ayuntamientos puedan otorgar o realizar modificaciones sustanciales a las concesiones.

La propuesta contempla definir los periodos en los que podrán efectuarse estos procedimientos, así como establecer los supuestos de excepción, con la finalidad de garantizar el interés social, la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los bienes y servicios públicos.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que el otorgamiento de concesiones ha sido cuestionado debido a que, en ocasiones, estas se expiden durante los últimos días de una administración, lo que puede comprometer decisiones de largo plazo sin suficiente oportunidad para su revisión por parte de los gobiernos entrantes.

Como ejemplo, mencionó la concesión de la autopista Silao-San Miguel de Allende y el aprovechamiento del activo de la autopista Guanajuato-Silao, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado durante el último día de la administración del entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Calzada Velázquez argumentó que las concesiones deben responder al interés social y beneficiar a la población, por lo que consideró necesario establecer reglas que eviten que estas decisiones se tomen al cierre de los periodos constitucionales de gobierno, tanto a nivel estatal como en los 46 municipios.

Manifestó que se busca fortalecer el derecho de la ciudadanía a la transparencia y a la rendición de cuentas, además de proporcionar certeza jurídica tanto a las autoridades como a las personas gobernadas.

Finalmente, la diputada destacó que, como representante de los pueblos y comunidades indígenas, la propuesta también responde a la necesidad de proteger los derechos humanos de las y los guanajuatenses, particularmente de las comunidades indígenas, frente a decisiones gubernamentales que pudieran afectar sus derechos e intereses colectivos.