Tras empate, Comisión de Derechos Humanos someterá a votación en próxima sesión punto de acuerdo para exhorto sobre presunta amenaza a Periodista Pablo Lemus

Guanajuato, 8 de septiembre de 2026.— En sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, presidida por la diputada de Morena Plasida Calzada e integrada por el diputado David Martínez Mendizábal, se analizaron diversas propuestas impulsadas por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, relacionadas con la protección de los derechos humanos y la atención de grupos históricamente vulnerados.

Uno de los asuntos centrales fue la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado David Martínez Mendizábal, mediante la cual se busca exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para que informe sobre los señalamientos relativos a presuntas amenazas que habrían sido proferidas por integrantes de su administración en contra del periodista Pablo Lemus, en el contexto de una investigación periodística.

Durante el análisis de la propuesta, representantes del PAN plantearon modificar el sentido del exhorto para que la solicitud de información no fuera dirigida a la gobernadora, sino a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Ante ello, las y los representantes de Morena manifestaron su oposición, al considerar que no resulta congruente solicitar información precisamente al área de gobierno que ha sido señalada en los hechos denunciados, pues ello podría comprometer la imparcialidad de la respuesta y generar un escenario de revictimización.

El diputado David Martínez Mendizábal sostuvo que, por la naturaleza del señalamiento, corresponde a la titular del Poder Ejecutivo estatal, como responsable de la administración pública, rendir cuentas y esclarecer lo ocurrido. Al someterse a votación ambas propuestas, se registró un empate de dos votos a favor y dos en contra. De acuerdo con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, el asunto deberá someterse nuevamente a consideración de la Comisión en su próxima reunión. En caso de persistir el empate, la propuesta será archivada.

Durante la misma sesión se dio cuenta de la proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, mediante la cual se exhorta a diversos ayuntamientos para que cumplan y armonicen sus instrumentos normativos con lo establecido en la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Los municipios señalados son: Abasolo, Apaseo el Alto, Atarjea, Cuerámaro, Doctor Mora, Guanajuato, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, San José de Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Victoria, Xichú y Yuriria. Las y los integrantes de la Comisión acordaron otorgar un plazo de 15 días para que dichos municipios informen sobre los avances y el grado de cumplimiento de esta obligación.

Asimismo, se dio cuenta de la proposición con punto de acuerdo presentada por los diputados David Martínez Mendizábal y Plasida Calzada, dirigida a los ayuntamientos que cuentan con asentamientos de pueblos y comunidades indígenas. La propuesta busca que, en el ámbito de sus competencias y respetando la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, los municipios revisen y, en su caso, armonicen sus bandos, reglamentos, disposiciones administrativas, instrumentos de planeación, programas y demás normativa municipal con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y la legislación estatal en materia de protección de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Los municipios involucrados son Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Xichú. La Comisión acordó otorgar un plazo de 15 días hábiles para que los ayuntamientos informen sobre el proceso de revisión y armonización de su normativa, así como sobre el funcionamiento de sus instancias municipales y los mecanismos e instrumentos implementados para garantizar la participación y consulta de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones.

De igual manera, se dio cuenta de la proposición con punto de acuerdo impulsada por Morena para exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a instruir a la Secretaría de Derechos Humanos a remitir un informe detallado sobre la estrategia implementada para la identificación y registro individual de personas afromexicanas en Guanajuato. El informe solicitado deberá precisar, entre otros aspectos, el fundamento, finalidad, metodología, temporalidad, medios de difusión, alcance territorial y resultados obtenidos de la convocatoria para el registro de personas afromexicanas, así como las acciones de mejora previstas, en su caso.

Al respecto, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que la solicitud surge ante la existencia de un posible subregistro significativo de la población afromexicana en la entidad, pese a que más de 100 mil personas en Guanajuato se identifican como afrodescendientes, únicamente tres personas se habrían inscrito en el registro estatal.

Finalmente, la Comisión analizó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Nuevo Comienzo a implementar, a la brevedad, una metodología participativa que involucre a la población guanajuatense y considere la autoadscripción indígena de diversas comunidades de los municipios de San Miguel de Allende, Tierra Blanca, Comonfort y Salvatierra, entre ellas Don Francisco, Ex Hacienda de Peña Blanca, San Martín de la Petaca, Tierra Blanca de Abajo, Fracción de Guadalupe, Peña Blanca Dos, Peña Blanca de Cieneguilla, San Agustín de Comonfort y Urireo.

La propuesta contemplaba que las comunidades que se autoidentificaran como indígenas pudieran obtener el reconocimiento y la constancia correspondiente para su inscripción en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado. Sin embargo, las y los integrantes de la Comisión acordaron por unanimidad dictaminar la propuesta en sentido negativo, debido a que las comunidades señaladas ya habían sido incorporadas recientemente al padrón estatal.