Analizan propuesta de Morena para dar certeza jurídica a pueblos y comunidades indígenas ante conflictos internos

Al centro diputados del GP Morena.

Guanajuato, Gto. 5 de febrero 2026. En sesión de la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el Diputado de Morena Ernesto Millán y con la participación de la Diputada Plásida Calzada como vocal, se analizó en mesa de trabajo con autoridades, una propuesta de Morena para reformar la Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, ésto con el fin de que los pueblos y comunidades indígenas tengan plenitud de certeza jurídica en la resolución de conflictos internos mediante sus usos y costumbres, así como sistemas normativos.

Morena plantea que los pueblos y comunidades indígenas puedan tener la representación legal mediante figuras como lo es la autoridad comunitaria propietaria y/o delegada y/o delegado. Con ello se busca certeza jurídica y justicia asequible para pueblos y comunidades indígenas.

Si bien, los representantes del PAN y del PRI argumentaron que de establecerse atribuciones para la autoridad comunitaria propietaria y/o delegado y/o delgada de las comunidades y pueblos indígenas, podría estarse vulnerando su forma de organización interna, desde Morena se contrargumento que la autoridad comunitaria cuenta con la legitimidad que le da el haber sido electos por los integrantes de dichas comunidades mediante sus usos y costumbres.

Tanto la diputada Plasida Calzada como Ernesto Millán y los asesores del Grupo Parlamentario de Morena, recalcaron que dicha postura del PAN y del PRI se limitaba a una visión “de escritorio” sin conocer ni vivir las problemáticas que en su día a día estos enfrentan.

Al centro el diputado local Ernesto Millán y a la derecha la diputada Plásida Calzada del GP Morena.

Se contó con la participación de representantes de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato; del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y asesores de grupos parlamentarios, quienes coincidieron en que la propuesta no debe interpretarse en el sentido de exigir a las comunidades indígenas mayores formalidades de las que sus usos y costumbres ya establecen, toda vez que un diseño normativo rígido podría generar el efecto contrario al burocratizar su vida interna y restar validez a mecanismos propios de autogobierno.

Puntualizaron que la representación indígena se acredita de manera flexible, considerando múltiples elementos de prueba; y que hoy los pueblos y comunidades indígenas necesitan de una solución para poder resolver problemas de manera más ágil y con certeza.