Entre la discrecionalidad y la responsabilidad pública
- Oscar Ramírez
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Opinión
Oscar Ramírez
Viernes 10 de abril de 2026
La reciente decisión del Congreso del Estado de Guanajuato de eliminar su facultad para emitir recomendaciones sobre los montos máximos de las remuneraciones de los integrantes de los Ayuntamientos no solo plantea un cambio administrativo, abre la puerta a un problema mayor de fondo: el uso discrecional de los recursos públicos.
En su momento, las recomendaciones salariales “funcionaban” al menos en teoría como un referente para mantener cierta proporcionalidad y congruencia en el gasto público municipal. Sin embargo, la realidad ya mostraba fisuras: muchos ayuntamientos ignoraban estos lineamientos y establecían percepciones muy por encima de lo sugerido. Es decir, aun con “sugerencias” ya existían excesos.
Hoy, sin siquiera ese marco orientador, el escenario es más preocupante. La eliminación de esta facultad deja a los Ayuntamientos con plena libertad para fijar sus propios salarios, sin contrapesos claros ni criterios obligatorios. En la práctica, esto equivale a institucionalizar la discrecionalidad.
Lo más trascendente es el contexto en el que se toma esta decisión. Guanajuato, y particularmente la región noreste del estado, la eterna región olvidada , enfrenta altos niveles de rezago y marginación social en algunos municipios, donde amplios sectores de la población carecen de condiciones básicas de bienestar, resulta difícil justificar que los servidores públicos puedan asignarse remuneraciones elevadas sin límites ni supervisión efectiva.
Lo que salta a la vista : en al menos tres de los ocho municipios de esta región, los alcaldes ya perciben salarios que superan en más del 50% lo que en su momento recomendaba el propio Congreso. Esto no solo evidencia la debilidad de los mecanismos anteriores, sino que anticipa el riesgo de que la brecha se amplíe aún más con la nueva disposición.
Desde una perspectiva de responsabilidad pública, la discusión no debería centrarse en si las recomendaciones se cumplían o no, sino en la necesidad de establecer reglas claras, transparentes y obligatorias que garanticen un uso racional de los recursos públicos. La racionalidad financiera no debe ser un discurso selectivo: no puede aplicarse únicamente a la base trabajadora mientras se flexibiliza para quienes toman las decisiones.
Resulta, cuando menos, irónico que los incrementos salariales para la mayoría de los trabajadores del sector público suelan ser mínimos y estrictamente apegados a recomendación , mientras que los integrantes de los Ayuntamientos gozan de márgenes mucho más amplios para definir sus propias percepciones. Esta asimetría no solo es injusta, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Eliminar recomendaciones sin sustituirlas por mecanismos más sólidos de control y rendición de cuentas no fortalece la autonomía municipal; por el contrario, debilita la disciplina financiera y abre espacios para posibles abusos. En un contexto de carencias sociales, la prioridad debería ser garantizar que cada peso del erario se ejerza con responsabilidad, sensibilidad y sentido de justicia. Porque al final, el verdadero debate no es cuánto ganan los funcionarios, sino bajo qué criterios se deciden esos ingresos y si estos son congruentes con la realidad que enfrenta la población a la que sirven.
Dicho lo anterior no menoscabo, si no todo lo contrario reconozco el trabajo activo de quienes ejercen su cargo con responsabilidad. Queda de tarea analizar a fondo la libre administración de la hacienda pública municipal conferida en el 115 constitucional.
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Más allá de leyes, lineamientos o candados administrativos, lo que debería prevalecer siempre es la ética profesional en el servicio público. La discusión sobre salarios no puede reducirse únicamente a si existen o no mecanismos formales de control, sino a un principio mucho más profundo: la congruencia entre quien gobierna y la realidad de la población a la que sirve.
Los sueldos de los servidores públicos municipales no deberían definirse en función de lo que la ley permite estirar, sino de lo que socialmente resulta justo. En ese sentido, es válido plantear que las remuneraciones deberían acercarse a la media del municipio, como un ejercicio mínimo de empatía y responsabilidad pública.
Entiendo la lógica de comparar salarios y buscar referencias…