PAN y PRD piden prórroga para regularización eléctrica de productores del campo

Guanajuato, Gto., 19 de marzo de 2026.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) y la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (RPPRD) exhortaron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a ampliar el plazo para la regularización de productores dentro del Programa Especial de Energía para el Campo.

El diputado Roberto Carlos Terán Ramos, explicó que los productores deben presentar un dictamen de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas para mantener el acceso a tarifas preferenciales en el bombeo de agua agrícola antes del 28 de abril.

La propuesta plantea una prórroga en los plazos de regularización y que se implemente de manera gradual y progresiva, ajustándose a la capacidad económica y técnica de cada persona productora.

Actualmente, el costo de los dictámenes oscila entre los 30 mil y 70 mil pesos, lo que representa una carga financiera sobre todo para los pequeños productores; el acceso a energía a bajo costo es fundamental para la operación de los sistemas de riego y la continuidad de las actividades agrícolas.

“El Programa Especial de Energía para el Campo, que durante años ha sido un apoyo fundamental para hacer viable el riego agrícola, se está convirtiendo en un problema por la forma en que el propio Gobierno Federal ha decidido operarlo”, dijo.

Agregó que el vencimiento del plazo sin una prórroga podría resultar en un incremento de los costos operativos, la reducción de superficies sembradas o el abandono temporal de tierras productivas por falta de solvencia económica de los usuarios. Ante este escenario, las y los diputados buscan proteger a los productores en materia energética como una condición necesaria para garantizar la seguridad alimentaria del país.

El campo guanajuatense, además de ser el sustento de miles de familias, es fuente de identidad, orgullo y tradición, por lo que la política pública debe conciliar la eficiencia administrativa con la realidad social y productiva del sector primario.

Este llamado pretende proteger y generar empleos frente a los desafíos climáticos y la disminución de apoyos públicos por parte del Gobierno Federal en los últimos años.

La ampliación del plazo permitiría a los productores cumplir con los requisitos técnicos de la CFE sin comprometer su estabilidad financiera ni el suministro de alimentos.